En un hecho de extrema gravedad institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sellando así su proscripción política en vísperas de las elecciones legislativas.
El fallo, dictado por unanimidad, ha sido interpretado por amplios sectores del peronismo y la sociedad como el capítulo final de una larga campaña de persecución político-judicial —conocida como lawfare— impulsada por los sectores más concentrados del poder económico y mediático, en alianza con el Poder Judicial.
“Lo que han hecho hoy es romper definitivamente con la democracia. Me han proscripto, como hicieron siempre que quisieron silenciar a un líder popular”, denunció Cristina Fernández apenas minutos después de conocerse la sentencia. “Estar presa en esta Argentina es un certificado de dignidad”, agregó ante una multitud reunida en la sede del Partido Justicialista.
Desde hace años, Cristina Fernández de Kirchner viene denunciando la existencia de una maquinaria judicial diseñada para eliminar adversarios políticos incómodos al establishment. El caso “Vialidad”, por el cual fue condenada sin pruebas directas de enriquecimiento personal, se ha transformado en símbolo del uso político del Poder Judicial.
Organismos de derechos humanos, juristas internacionales y referentes de la política latinoamericana han alertado sobre la grave deriva autoritaria que representa este tipo de condenas selectivas, cuyo objetivo real no es la transparencia institucional, sino el disciplinamiento político de los sectores populares
La decisión judicial ocurre en un contexto de profunda crisis social y económica, con un gobierno nacional liderado por Javier Milei que ha implementado medidas de ajuste salvaje, privatizaciones masivas y represión a la protesta social. En este marco, la eliminación política de Cristina —la única figura con capacidad real de articular una oposición masiva— resulta funcional a los intereses de los grupos financieros, los grandes medios y los sectores del poder concentrado que hoy gobiernan sin contrapeso.
“No es casual que esta sentencia llegue ahora. Me quieren fuera del juego político porque saben que somos la única fuerza capaz de frenar este proyecto de entrega y miseria”, señaló la vicepresidenta en una declaración que ya recorre el país como bandera de resistencia
La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner marca un antes y un después en la historia democrática argentina. Con una Justicia convertida en instrumento del poder real, y una clase política paralizada o cómplice, crece el temor de que el país esté ingresando en una nueva etapa de autoritarismo institucionalizado.
En las calles, mientras tanto, miles de ciudadanos comienzan a movilizarse bajo una consigna que retumba con fuerza:
“Con Cristina proscripta, la democracia está herida.”
