El caso que estremece a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ya puso en jaque a su exdirector Diego Spagnuolo, investigado por presunto cobro de sobornos, empieza a salpicar también a San Luis. Documentos oficiales y testimonios ponen a la provincia en el centro de dos episodios incómodos: una capacitación millonaria en Villa Mercedes financiada con fondos internacionales y una serie de adjudicaciones reiteradas a la droguería Suizo Argentina, hoy bajo sospecha en la Justicia federal.
Entre el 22 y el 25 de abril de 2025, unos 500 agentes públicos participaron en un curso de accesibilidad en el Parque La Pedrera, Villa Mercedes. La actividad fue presentada como un logro de política inclusiva y tuvo como proveedor técnico a la firma israelí Negitech. Sin embargo, la facturación se canalizó a través de BE4 Advisors SRL, la consultora de los hermanos Berensztein, que emitió comprobantes por más de 172 millones de pesos. Según surge de informes relacionados con el préstamo BID 5746/OC-AR —aprobado en 2023 por 265 millones de dólares para proyectos de discapacidad— apenas se ejecutó alrededor del 20% de esos fondos, y dentro de ese porcentaje figura la polémica capacitación en San Luis. Lo que en la narrativa oficial se presentó como un aporte a la inclusión, en los hechos quedó asociado a lo que ya se denomina el “escándalo de la capacitación millonaria”.
La otra cara del problema aparece en la provisión de medicamentos. Decretos publicados entre agosto de 2024 y junio de 2025 muestran que la provincia adjudicó a la droguería Suizo Argentina contratos por 738 millones de pesos, incluida una sola compra de 348 millones destinada a pacientes sin cobertura social. La reiteración de adjudicaciones en tan corto plazo alimenta las sospechas de favoritismos. Para colmo, el gobernador Claudio Poggi negó públicamente haber contratado a la firma en este período, pese a que los decretos oficiales lo contradicen. Esa contradicción acrecienta la percepción de que detrás de la emergencia sanitaria se consolidó un esquema de negocios garantizados.
Las organizaciones de personas con discapacidad cuestionaron la oportunidad perdida: con esos recursos podrían haberse financiado obras de accesibilidad en escuelas, hospitales o espacios públicos, en lugar de cursos exprés a precios exorbitantes. Más aún, el hecho de que una parte mínima del préstamo internacional se haya traducido en una erogación de este tipo plantea dudas sobre las prioridades de gestión.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py, el juez Sebastián Casanello mantiene bajo investigación a Spagnuolo, quien pidió una prórroga para definir si se acoge a la figura de imputado colaborador. Los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, solicitaron la nulidad de la causa alegando que los audios que dieron origen al expediente fueron obtenidos de manera ilegal. Aun así, los decretos y facturas siguen siendo prueba documental difícil de ignorar.
Más allá de la estrategia judicial, lo concreto es que San Luis quedó asociada a dos postales difíciles de justificar: la de una capacitación millonaria financiada con un préstamo internacional destinado a la inclusión y la de compras repetidas a una droguería cuestionada. Dos fotos que, aunque la Justicia aún no haya dictado condena, alcanzan para instalar la hipótesis de que detrás de los números y las declaraciones hay una trama que va mucho más allá de la mera desprolijidad administrativa.
