Un nuevo incremento del 15 % en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros regirá desde este sábado 5 de julio en toda la provincia de San Luis, incluyendo rutas cortas, medias y largas distancias. Según informó la Dirección de Transporte provincial, el ajuste responde a “acuerdos salariales con la UTA” y el creciente costo de insumos esenciales como combustible, repuestos y mantenimiento .
Este es ya el segundo aumento tarifario en lo que va del año, tras el registrado el pasado 4 de enero. De esta manera, la tarifa del corredor San Luis–Villa Mercedes pasará de aproximadamente $5.500 a $6.325, mientras que los trayectos más extensos, como San Luis–Villa Mercedes-Justo Daract, alcanzarán los $6.400.
Usuarios de grupos locales ya se expresan alarmados. En una de estas publicaciones en redes sociales desde La Punta, vecinos señalaron que “el aumento del 15 % se siente mucho”, especialmente para quienes dependen del transporte para ir al trabajo o llevar a los chicos a la escuela .
Si bien la resolución provincial reconoce como justificación los acuerdos salariales y los costos operativos, la sanción del incremento fue directa y sin propuestas de paliativos. Tampoco se mencionaron subsidios adicionales ni planes de asistencia para colectivos más vulnerables.
Para sostener el sistema, el Ejecutivo provincial afirma que aporta 1.000 millones de pesos mensuales, según información oficial. Sin embargo, no hay medidas específicas que compensen el efecto directo en el bolsillo de las familias, ni iniciativas para mejorar la eficiencia del servicio
La suba del 15 % es apenas la última de una serie de medidas que encarecen el costo de la vida en la provincia. En promedio, el transporte absorbe una porción significativa del ingreso familiar si se considera el uso diario.
Pese a las recurrentes alzas, no se proyectan mejoras en las frecuencias, condiciones de las unidades ni rebajas geográficas segmentadas para estudiantes o adultos mayores. Tampoco se vislumbran auditorías técnicas que expliquen cómo se distribuye la ayuda estatal para el transporte
Especialistas en movilidad urbana y defensores del consumidor reclaman una intervención más activa del Estado: desde subsidios focalizados hasta planes de control de costos, revisión de contratos y auditorías sobre el uso de aportes públicos.
Mientras tanto, las familias quedan a merced de un sistema cuyo costo se ajusta sin contrapartidas reales, agravando una situación social ya crítica.
