El Gobierno nacional publicó el lunes un decreto que suspende las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcancen Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. Con esto, el Ejecutivo busca acelerar la llegada de divisas y calmar la presión sobre el dólar y las reservas.
La medida —que se extiende también a productos cárnicos— fue celebrada por el sector agroindustrial, aunque con matices: los exportadores deberán liquidar al menos un 90 % de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la DJVE para mantener el beneficio. En caso contrario, deberán abonar la alícuota previa.
Sin embargo, la norma ya recibió una primera corrección: en apenas dos días, el límite fijado de ventas fue alcanzado, por lo que el gobierno reimpuso las retenciones. La suspensión resultó fugaz ante el ritmo de exportaciones.
Esta movida se inscribe en un panorama donde el gobierno de Milei parece depender cada vez más de Estados Unidos. Tras el encuentro con Donald Trump en la ONU, surgieron negociaciones para un rescate financiero con instrumentos como swaps y compra de bonos por parte de EE. UU.
Algunos analistas interpretan que la suspensión temporal de retenciones fue un gesto para cumplir exigencias del respaldo financiero estadounidense: mostrar medidas promercado para acompañar el préstamo o la línea swap que se negocia. La rapidez con la que se alcanzó el cupo sugiere que muchos exportadores reaccionaron para aprovechar el beneficio, lo que ya obligó al gobierno a revertir la medida.
¿Quién se beneficia y quién paga las consecuencias?
- Las mayores beneficiadas serán las grandes empresas agroexportadoras, capaces de mover volúmenes grandes y acceder rápido al mercado externo.
- Los pequeños productores, que no suelen tener grandes volúmenes para exportar, difícilmente aprovechen el alivio.
- El Estado deja de recaudar derechos de exportación en un período crítico: más de 4.000 millones de dólares podrían dejar de ingresar si el beneficio se extiende.
- Entre tanto, los consumidores y ciudadanos enfrentan el costo político de un gobierno que prometió transparencia, orden fiscal y “no más subsidios perversos”, pero que recurre a estos instrumentos temporales para llegar a octubre.
