El Senado provincial convirtió en ley la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. La normativa establece procedimientos específicos para adolescentes de entre 14 y 18 años y adapta la Justicia de San Luis a la nueva legislación nacional.
La provincia de San Luis cuenta con un nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil, luego de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad o mayoría —según la información oficial disponible, sin detalle de la votación final— la adecuación de la legislación provincial a la normativa nacional. La sanción definitiva se produjo el martes 17 de noviembre y el proyecto fue impulsado por el gobernador Claudio Poggi.
La nueva ley modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para establecer procedimientos específicos en las causas que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años.
La iniciativa responde a la necesidad de adaptar el funcionamiento de la Justicia provincial a la Ley Nacional 27.801, que estableció la imputabilidad penal a partir de los 14 años.
¿Qué cambia con la nueva legislación?
Uno de los principales cambios es la intervención de jueces con competencia penal juvenil en los hechos delictivos atribuidos a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
El senador Martín Olivero, quien explicó los alcances del proyecto durante el tratamiento legislativo, señaló que el objetivo es consolidar un proceso especializado y socioeducativo que garantice los derechos constitucionales de los adolescentes.
La normativa establece principios de especialidad, proporcionalidad y mínima intervención. Esto significa que las respuestas judiciales deberán contemplar la edad, las circunstancias particulares y la gravedad del hecho investigado.
Medidas alternativas a la privación de la libertad
Otro de los aspectos centrales es la incorporación de herramientas que permiten resolver determinadas situaciones sin recurrir necesariamente al encierro.
Entre las alternativas contempladas se encuentran:
- Mediación penal juvenil.
- Suspensión del proceso a prueba.
- Amonestaciones.
- Prestación de servicios a la comunidad.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación integral del daño a la víctima.
- Juicio abreviado.
La privación de la libertad queda establecida como una medida excepcional y de último recurso.
En los casos en que resulte necesaria, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo supervisión de personal capacitado.
Protección de las víctimas y capacitación judicial
La nueva legislación también incorpora disposiciones para proteger a las víctimas durante los procesos judiciales.
Entre ellas se encuentra la utilización de la Cámara Gesell, con intervención de profesionales especializados, para evitar situaciones de revictimización y garantizar que las declaraciones se realicen en condiciones adecuadas.
Además, se establece la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores que intervengan en causas penales juveniles.
El objetivo es que quienes trabajen en estos procedimientos cuenten con herramientas específicas para abordar situaciones que involucren a menores de edad.






